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Una de las cuestiones que esta variando mas en el ámbito jurídico sin un cambio normativo específico que lo justifique, es la atribución de la guarda y custodia, conforme a la última estadística disponible del C.G.P.J del año 2013, la custodia monoparental todavía se situaba en un 76% frente a un 17% de la compartida; pero cada vez esa tendencia se esta invirtiendo, y cada vez, ya sea de mutuo acuerdo o de forma contenciosa los Tribunales la están concediendo, donde el Ministerio Fiscal cada vez está sumiendo los criterios del Tribunal Supremo, el cual considera que en caso de crisis de pareja la custodia compartida no debe ser una excepción sino una regla a la que se debe tender.

El Ministerio Fiscal para adherirse a una petición de guarda y custodia compartida, cuando uno de los progenitores se oponía a ella, atendía a tres criterios principalmente, el primero, si el progenitor que la solicitaba acreditaba que antes de la crisis de pareja no había hecho una dejación de funciones antes y después de la ruptura sentimental; en segundo lugar, que hubiera una ausencia de malos tratos entre los progenitores, y en tercer lugar a la distancia a la que viven ambos progenitores

Siempre la guarda y custodia ha llevado aparejado dos cuestiones esenciales, la atribución del uso de la vivienda familiar y en segundo lugar, la pensión de alimentos; en cuanto a la atribución del uso de la vivienda, cuando se concedía una guarda y custodia monoparental era claro que esto conllevaba que su atribución era para el progenitor que se queda en compañía del menor o los menores, en cambio cuando se atribuye la guarda y custodia compartida se abre un abanico de posibilidades desde que se no se le conceda el uso a ninguno de los progenitores, establecimiento de “casa nido” donde los progenitores son los que se mueven cada cierto tiempo y los hijos permanecen permanentemente en el domicilio conyugal e incluso podemos hablar de la atribución del uso de la vivienda por un tiempo limitado a uno de los progenitores por estar en una situación económica peor que el otro progenitor, conforme a la posibilidad que otorga el artículo 93 del Código Civil.

Por último, debemos aclarar que el establecimiento de una guarda y custodia compartida no implica no pagarse pensiones recíprocamente entre los progenitores durante los periodos que está con el otro, sino que se acomoda a los ingresos que tiene cada uno, ya que sería beneficiar a uno de los progenitores frente al otro.

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